La mayoría de los hijos por gestación subrogada en España (conocida popularmente como vientres de alquiler) provienen de dos países: Estados Unidos y Ucrania. En el primer caso, se registraron a través de consulados y embajadas 553 nacimientos entre 2010 y 2016. En el segundo, hubo 231 inscripciones, aunque solo lo pueden solicitar matrimonios heterosexuales. Son el 78% del total reconocidos oficialmente en 12 países. La práctica no está legalizada en España.
Los datos oficiales de este método —que supone que una mujer gesta un hijo cuya maternidad y paternidad cede a otras personas— van saliendo a cuentagotas. Hace apenas un mes, el Gobierno reconoció que tenía conocimiento de 979 inscripciones en oficinas consulares y misiones diplomáticas en el lapso de los siete años citados. En una nueva respuesta parlamentaria, a la que ha tenido acceso EL PAÍS, especifica cuántos proceden de cada uno de los 12 países donde la práctica está permitida y a los que acuden parejas españolas, aunque en este caso la cifra resultante es algo menor: 948 casos. El salto de cifras se debe a que algunos de estos casos se tramitan como si fueran adopciones en las embajadas. “Es increíble que un Estado moderno no tenga acceso a estos datos completos”, denuncia la diputada socialista Ángeles Álvarez, redactora de la pregunta al Congreso.
La gestación subrogada es una práctica que no está legalizada en España. El Comité de Bioética, dependiente del Ministerio de Sanidad, pidió en mayo la prohibición a nivel internacional de estos contratos “en garantía de la dignidad de la mujer y del niño” aunque ni ha prosperado esa propuesta ni ha avanzado de momento tampoco la iniciativa que presentó en las mismas fechas Ciudadanos para legalizarla, cuya tramitación en el Congreso debe aguardar, como mínimo, a que se reanude el periodo de sesiones en febrero.
El Ministerio de Asuntos Exteriores desgrana en la respuesta a la diputada socialista Ángeles Álvarez los casos de Estados Unidos —donde más de la mitad se inscribieron en el consulado de Los Ángeles— o los registrados a través de la embajada ucraniana de Kiev, con los 231 casos citados. Recoge 97 inscripciones en Nueva Delhi de casos procedentes de India y Nepal. En el primer caso, la gestación para extranjeros se prohibió en 2013. Y en 2015 en Nepal, según la nota de Exteriores, que cita también los provenientes de Canadá (4), Reino Unido (4 en el consulado de Edimburgo), México (51), Tailandia (27), Rusia (4), Grecia (4), Portugal y Sudáfrica. En estos dos últimos añade que se han iniciado trámites en ambos países pero las inscripciones se realizaron en España.
El PSOE es uno de los partidos que rechaza con más vehemencia esta práctica, fuertemente cuestionada por las asociaciones feministas que consideran que es una mercantilización del cuerpo de la mujer. Álvarez pide estar “alerta” ante “la presión cada vez mayor que hay en occidente para legalizar esta práctica” tras las prohibiciones que han prosperado en países. La diputada subraya que “no es casual” que se acabe de legalizar en los países europeos “con peor situación económica” como Portugal o Grecia mientras la presión aumenta también a su juicio en España.
Entre los países donde está regularizado este método hay diferencias de reconocimiento y también de precio. En Ucrania, por ejemplo, solo pueden optar a la gestación subrogada parejas heterosexuales y casadas. Ni parejas homosexuales ni personas solas (monoparentales). El incremento de demanda se debe, según la asociación Son Nuestros Hijos, a que es un país donde “es mucho más barato porque la atención sanitaria es pública y el coste de los abogados es menor”, explica Pedro Fuentes, presidente de la asociación Son Nuestros Hijos, que defiende la legalización de la gestación subrogada en España. Según estimaciones de su asociación, el procedimiento en Los Ángeles puede suponer unos 100.000 euros frente a los entre 50.000 y 70.000 que pagan en Kiev.
