El debate sobre la regulación de la gestación subrogada o por sustitución se ha reavivado tras los problemas de varias familias españolas para traer a niños gestados en Ucrania el pasado agosto. En el Congreso Internacional Derecho y Sociedad que la Universitat Abat Oliba CEU celebró hace unos días sobre este tema han vuelto a escucharse argumentos a favor y en contra.
Esther Farnós, doctora en Derecho y profesora de la UPF, defendió la necesidad de acabar con la paradoja de que un país que recibe a gente de todo el mundo para la reproducción asistida, en cambio, envíe a sus ciudadanos fuera para la gestación subrogada. En cambio, su colega de la UIC Montserrat Nebrera cree que el hecho de que se permitan gestaciones subrogadas sin repercusión legal tiene un efecto llamada y provoca que acudan a esta opción no sólo quienes no pueden tener hijos sino también quienes no quieren pasar por los rigores del embarazo.
Pero otras voces académicas advierten que toda esta discusión es meramente política e ideológica y no aborda el debate social porque no tiene en cuenta la opinión pública, de la gente de la calle, entre otra razones porque hasta ahora no se conocía. Investigadores de la Universidad de Alicante liderados por la socióloga María José Rodríguez –vicerrectora de Responsabilidad Social, Inclusión e Igualdad de esa universidad– están a punto de publicar los resultados del primer trabajo científico sobre la actitud de la población española frente a la gestación por sustitución, basado en un cuestionario de 27 preguntas realizadas a 3.752 personas.
Rodríguez avanza que esta técnica tiene menor grado de aceptación que la donación de óvulos o de esperma, que la adopción, el acogimiento familiar o la fecundación in vitro, “pero el 41,5% de los encuestados la considera totalmente aceptable o aceptable”. Además, “el 58,5% está de acuerdo o muy de acuerdo con que se apruebe una ley de gestación por sustitución, frente a un 17,2% que está poco o nada de acuerdo”. Más de la mitad también aprueba que puedan beneficiarse de esta práctica las parejas homosexuales. En cuanto a los niños, el 61% opina que se les debe dar toda la información sobre su origen, el 44% cree que sería deseable que la gestante mantuviera el contacto con la familia antes y después del nacimiento, y el 53% es partidario de que la responsabilidad de la gestante acabe con el nacimiento y entrega del bebé.
Aude Mircovik, portavoz de la asociación Juristes pour l’Enfance, participó la semana pasada en el Congreso Internacional Derecho y Sociedad que la Universitat Abat Oliba CEU dedicó a la gestación por sustitución. En esta entrevista con La Vanguardia deja clara su oposición frontal a legalizar una práctica que “atenta contra la dignidad de las personas y los derechos de los niños” y que “desvirtúa la adopción”.
¿Por qué se posiciona en contra de una práctica cada vez más habitual tanto en Francia como en España?
Hay dos problemas con la gestación subrogada. El primero, el menosprecio de los derechos de los niños. El niño es objeto de un contrato de fabricación y es separado de la mujer que lo ha alumbrado desde el momento del nacimiento, de modo que por medio de ese contrato se introduce confusión en la filiación del niño. El segundo problema es que es contraria a la dignidad de la mujer.
¿Y si la madre gestante está de acuerdo?
El derecho penal francés condena las condiciones de trabajo contrarias a la dignidad humana aunque las víctimas consientan. La experiencia demuestra que muchas veces las mujeres no son totalmente libres para decidir. Y aunque así fuera, hoy por hoy la sociedad y la ley francesa (y la española) consideran que esta práctica es contraria a la dignidad, y el consentimiento y la libertad individual no pueden ser contrarios a la ley. Vivimos en sociedad y hay que cumplir sus reglas.
Pero las parejas acuden a países donde es posible contratar una madre gestante, y alguna solución hay que dar luego a esos padres y esos niños.
Una vez se ha realizado no hay soluciones buenas. Se puede autorizar la adopción, pero no se repara el daño que la gestación subrogada ha ocasionado al niño. La Corte de Casación francesa se ha pronunciado advirtiendo que es un uso perverso de la adopción, que está pensada para proteger y reparar al niño que por circunstancias sobrevenidas se ha visto privado de sus padres; pero en la gestación por sustitución el abandono es voluntario, se provoca y se organiza todo para privar al niño de al menos uno de sus progenitores, la madre.
¿Estamos ante un conflicto entre el interés de unos adultos por ser padres y el del niño?
Uno tiene la libertad para tener hijos cuando, con quién y donde quiera, concierne a su vida privada. Pero cuando ese deseo se expresa de forma contraria al derecho de otro, entonces concierne a la sociedad, porque uno no puede realizar sus deseos a cualquier precio, tiene que respetar el derecho de los otros. Y no estamos en un conflicto entre derechos de adultos y de niños, porque el adulto no tiene derecho al niño.
Pero las formas de familia han evolucionado, y en nuestras sociedades ser padre o madre tiene más que ver con la crianza que con el proceso reproductivo, ¿no?
Es cierto que la filiación no se reduce a la dimensión biológica, pero eso tampoco significa que esta no tenga interés. Es posible que un niño criado por personas que no son sus progenitores vaya bien, pero no siempre es el caso. Y una cosa es que por circunstancias de la vida ese niño se vea privado de sus padres y la ley organice que como protección sea adoptado por otras personas, y otra que la ley prive a los niños de sus padres biológicos desde el primer momento, que es lo que ocurre cuando se legaliza la gestación subrogada. La importancia del vínculo biológico la explica la primera generación de niños nacidos por reproducción asistida, que ya son adultos y dicen que no es tan sencillo vivir con esa ausencia en su filiación. Y también se revela cuando las parejas que acuden a la reproducción asistida conocen que se ha cometido un error y les han implantado gametos que no son los suyos, denuncian, y la justicia les reconoce el daño. Si se considera que el vínculo es relevante para ellos, lo será también para los niños, ¿no?
La socióloga María José Rodriguez Jaume ha liderado, desde la Universidad de Alicante (UA), el primer trabajo científico encaminado a conocer qué grado de aceptación tiene la gestación por sustitución entre la población española, si hay mucho o poco interés en regularla, qué se piensa de las mujeres que gestan para otros o de los derechos de los niños de encargo. Y después de entrevistar a casi 4.000 personas asegura que “hay un disenso entre los discursos político y feminista, mayoritariamente en contra de este fenómeno, y la opinión de la gente de la calle”, bastante a favor de permitirlo.
¿Cree que España debería autorizar la gestación por sustitución?
Es un fenómeno tan complejo, y en el que intervienen tantas personas y con casuísticas y circunstancias tan variadas, que la respuesta no puede ser autorizar o no autorizar, sino que habría que abrir el abanico y decir en qué casos y contextos sí y en cuáles no. Pero lo que está claro es que regularlo hay que regularlo, porque es un fenómeno global y si no la población va a seguir yendo a lugares donde sí se permite, y eso puede contribuir al desarrollo de redes que promueven el tráfico de personas, que favorecen la discriminación de la mujer… Conviene recordar que en Estados Unidos, Canadá, Australia o Reino Unido esta actividad está regulada y sometida a requisitos de buenas prácticas.
Pero por más buenas prácticas que se establezcan, ¿no se vulneran los derechos del niño? ¿No se está tratando a los bebés como mercancía para satisfacer el deseo de ser padre o madre?
Esa es una constante en la familias posmodernas, el valor de los hijos e hijas. Se ha pasado de una visión muy economicista, en la que se tenía hijos como mano de obra dentro de la familia o para cuidar en la vejez, a otra en la que se tiene hijos para satisfacer cuestiones emocionales y afectivas; y quienes recurren a la gestación por sustitución quieren hijos para satisfacer los mismos deseos que los que los tienen por la vía convencional del coito y coincidiendo el papel de madre y el de mujer gestante.
Entonces, ¿no cree que se atente contra los derechos del niño?
Los derechos del niño se vulneran si no garantizas toda la información sobre sus orígenes y no promueves que, si quiere, pueda tener acceso a la mujer que lo gestó. Todo el tema del problema identitario ya se ha debatido y lo hemos aprendido con las adopciones: el niño o niña tiene derecho a conocer sus orígenes. Y si creemos que debe tener contacto, pues regulemos eso en la legislación. Según nuestra investigación, el 61% de los españoles está de acuerdo en que el niño gestado por sustitución debe contar con toda la información sobre su origen.
¿Y qué pasa con la relación con la madre gestante?
Gran parte de la controversia que suscita la gestación por sustitución tiene que ver precisamente con el papel de esa mujer que gesta a un niño y lo entrega. Es una práctica que socava los pilares canónicos del proceso de construcción de una familia a través de la descendencia. El esquema de que tenías una pareja, heterosexual, mantenías relaciones sexuales, luego nacía un hijo y la madre gestante era la madre real ya se había visto afectado desde la década de los noventa por la mayor tolerancia a las separaciones, las familias monoparentales, el colectivo LGBTI y la explosión de adopciones internacionales. Pero la gestación por sustitución lo hace añicos y abre muchas vetas por las cuales cuestionar y debatir.
¿Cuáles son los principales elementos de debate?
Hay que partir de la pluralidad de formas familiares y de ser madre y padre que tenemos hoy. Y tener en cuenta aspectos relacionados con los orígenes, con garantizar y promover información… Porque normalmente se discute de derechos humanos y principios éticos sobre determinados clichés, sin tener en cuenta otras evidencias empíricas que demuestran que el apego no es tan importante, que la gestación por sustitución también se practica en países del primer mundo, y que en un mundo globalizado hay prácticas que aunque no se permitan se seguirán realizando, así que conviene discutir de lo ético, de la moral, los derechos y las legalidades en un contexto realista.
¿El debate que se está produciendo en España es realista?
En realidad no hay debate, se oyen voces de posicionamientos políticos y feministas, pero el debate social no se ha hecho. Se hacen argumentaciones de corte ideológico o basadas en intereses, pero no pueden argumentar sobre la opinión de la población porque hasta nuestro estudio no se les había preguntado, como sí se hizo sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo o el aborto. Parte de las argumentaciones se centran en la cuestión de la comercialización, en si la madre gestante hace un trabajo reproductivo y debe ser remunerada o es una actividad altruista, como las donaciones sanitarias. Pero en nuestra encuesta vemos que la gente no encuadra esta práctica en el discurso mercantilista. El 47% de los españoles se muestra muy o bastante de acuerdo con que las gestantes deberían recibir una compensación económica adicional a los gastos sanitarios del proceso. Y dos terceras partes creen que debería haber un registro nacional de mujeres gestantes para evitar casos de explotación de una misma mujer.
Fuente: La Vanguardia
