BioTexCom es el mayor centro de vientres de alquiler de Ucrania. En varios idiomas, ofrece en su web distintas opciones ajustadas a los bolsillos de las parejas que quieren contratar sus servicios. El ‘pack’ más económico, de 29.900 euros, incluye ilimitados intentos de fecundación, visita de un pediatra cada dos días y la devolución del dinero en caso de aborto. No incluye, sin embargo, servicio de criada, chófer privado, elegir el sexo del bebé o estar presentes en el parto; ventajas exclusivas del ‘pack’ vip, cuyo precio, eso sí, sube a 49.900 euros.
Pero desde hace unas semanas esta empresa, a la que acuden la mayoría de los españoles que contratan vientres de alquiler en el país, no está aceptando más encargos. La razón que esgrimen en su web es que se está tramitando una ley que prohibirá la gestación subrogada a parejas extranjeras. Nadie ha oído hablar de ese cambio en la legislación, y sí, por el contrario, de la investigación judicial que afecta a esta empresa y por la que el Gobierno ucraniano le ha retirado la licencia para operar en el país. Se la acusa, nada más y nada menos, que de tráfico de menores, de órganos, falsificación documental, fraude en las fecundaciones y delito fiscal.
Esta clínica es además la que está detrás de la mayoría de los contratos de vientre de alquiler de las parejas españolas que, como revelaba esta semana este diario, se encuentran atrapadas en Kiev porque la embajada no les entrega pasaportes españoles para los menores.
450 procesos en curso
El caso que ha hecho saltar las alarmas se remonta a 2011, cuando una pareja de italianos fue a registrar a su bebé nacido por gestación subrogada. Al hacerles la prueba de ADN, las autoridades italianas descubrieron que el bebé no guardaba ninguna relación genética con la pareja, cuando es imprescindible según la ley ucraniana que al menos el padre aporte sus gametos. Además, en el momento de los hechos la gestación no estaba permitida a los extranjeros —es legal desde 2013—, por lo que tanto los contratantes como BioTexCom habían cometido una doble ilegalidad. La pareja de italianos, que había pagado 32.000 euros por el proceso —de los cuales la madre gestante percibió solo 6.000— fue detenida y el menor acabó en un orfanato.
Pero esta ilegalidad no ha salido a la luz hasta hace poco más de un mes, cuando el fiscal general ucraniano, Yuriy Lutsenko, anunció que se estaban investigando los cerca de un millar de procedimientos que han tenido lugar en el centro. “No es un caso único [el de los italianos], BioTexCom ha llevado a cabo al menos 1.000 operaciones de subrogación y lamentablemente estamos viendo que en muchos casos no se ha cumplido con la obligación de utilizar material genético de al menos uno de los progenitores”. Desde entonces, el director de la clínica, Albert Totchilovsky —a quien ya le fue cerrada otra clínica de gestación—, está en arresto domiciliario. Junto al resto de la cúpula directiva se enfrenta a penas de entre ocho y 15 años de cárcel.
Hace un año, la clínica ya fue intervenida por la policía y cerrada durante una semana, pero nada trascendió a los medios, a pesar del caos que se generó porque se llevaron hasta los pasaportes de los contratantes. Es ahora cuando, tras la rueda de prensa, se ha conocido la investigación en curso. Mientras, las instituciones ucranianas han animado a todas las mujeres gestantes que crean haber sido víctimas de irregularidades a que se pongan en contacto con ellos.
“Las prácticas de esta clínica eran de sobra conocidas en Ucrania y por las agencias de subrogación, pero de alguna manera han conseguido ocultar toda la investigación policial que había detrás hasta ahora, que ha saltado todo”, explica Jorge López, portavoz de la Agencia de Padres por la Gestación Subrogada, que llevaba meses alertando sobre las prácticas de BioTexCom. “Es una clínica vergonzosa”.
El caso de la pareja italiana no es el único que ha hecho sospechar al Gobierno ucraniano. Y al español. A pesar de que en un primer lugar Exteriores apuntó a la imposibilidad de tomar muestras de ADN para demostrar la filiación como causa del colapso en los registros de los menores nacidos por vientres de alquiler, en la tarde del miércoles afirmó que se debía a “posibles casos de mala praxis médica asociada a los procesos de reproducción asistida, así como de casos de posible tráfico de menores”. Aunque el Ministerio de Exteriores no ha confirmado a este periódico que se refiera concretamente a BioTexCom, es la que está detrás de la mayoría de contratos de las parejas a las que no se les entrega el pasaporte, y es la única clínica que está siendo investigada por las autoridades ucranianas.
Inseminación artificial y hepatitis B
Además de tráfico de menores, BioTexCom está siendo investigada por la denuncia de una gestante que contrajo hepatitis B al quedarse embarazada. Se sospecha que la clínica tenía como práctica habitual inseminar directamente a las gestantes con el semen del contratante, en lugar de implantar un embrión fecundado con el óvulo de la mujer contratante o de una donante. La inseminación es del todo ilegal, no solo porque carece del consentimiento de la gestante (que en todo momento cree estar recibiendo un embrión), sino porque, según la ley ucraniana, no puede usarse el óvulo de la gestante para desarrollar un embrión. Además, también se les acusa de implantar embriones ‘adoptados’, es decir, de parejas diferentes a las contratantes que les habían sobrado de otras intervenciones.
Por eso BioTexCom es la más grande, porque lo hace a mitad de precio que el resto. Es el Burger King de la gestación subrogada
“Lo barato sale caro, y al final si BioTexCom era mucho más barata es porque estaban ahorrando costes de algún sitio. Es mucho más barato hacer una inseminación artificial que implantar un embrión, para lo que hace falta un laboratorio que ellos presumiblemente no tienen”, explica Roberto Pertiñez, presidente de Asociación de Gestación Asistida Reproductiva. “He viajado por lo menos cuarenta veces a Ucrania, y a menudo me encontraba con padres que igual era la décima vez que iban a dejar su material biológico a este centro. Y yo les decía: ¿no os dais cuenta de lo que están haciendo? En un procedimiento normal, tú dejas tu muestra una sola vez y se generan embriones que posteriormente se vitrifican y los usan cada vez que hace falta. Pero lo que se sospecha es que se inseminaba directamente a la gestante”.
